‘Name and shame’: redes sociales contra las injusticias en la empresa

Animados por el alcance de las redes sociales y, a menudo, por su anonimato, los trabajadores se atreven cada vez más a denunciar públicamente ciertas conductas empresariales poco éticas que pueden ir desde el acoso y la discriminación, hasta los impagos o la corrupción. Esta práctica recibe el nombre de “name and shame” y, aunque pueda parecer eficaz para defender los derechos de los empleados, es también un arma de doble filo que hay que saber manejar.

El temporal Filomena que castigó España en enero de 2021 nos dejó imágenes de ciudades colapsadas por la nieve y otros daños colaterales. Entre ellos se encuentran las denuncias, vía redes sociales, de diversos trabajadores de Inditex que se habían quedado atrapados en un centro comercial de Majadahonda (Madrid) porque los gerentes no les permitieron cerrar antes de su horario habitual pese al temporal, lo que les obligó a pasar la noche allí y a dormir sobre cartones. El objetivo de sus mensajes era interpelar a la empresa y criticar públicamente su mala gestión. Se trata de un ejemplo de “name and shame”, un procedimiento habitual en redes sociales que podría convertirse en el azote de las malas praxis laborales.

¿Qué es el “name and shame”?

Tal y como se define en el Cambridge Dictionary, esta práctica consiste en “decir públicamente que una persona, grupo o empresa hizo algo mal”. Se trata de una forma de denuncia que va más allá de las leyes y que tiene como objetivo poner en evidencia y ejercer presión para lograr cambiar esas acciones y actitudes que se consideran erróneas o poco éticas. Literalmente, “name and shame” significa “nombrar y avergonzar” y, al contrario de lo que podamos pensar, es un procedimiento que acumula siglos de historia.

Ya en la Edad Media encontramos ejemplos de cómo a los criminales se les ataba a una picota en medio de una plaza con el fin de humillarlos y someterlos al escarnio público. En nuestra era, empresas como El Cobrador del Frac se han encargado de perseguir y ridiculizar a morosos en España, aunque, a menudo, utilizando métodos que rozan la ilegalidad. Esa plaza medieval son hoy las redes sociales y, en este entorno digital, a través de hilos de Twitter o cuentas específicas de Instagram, es donde principalmente se desarrolla el “name and shame”.

Un ejemplo que nos puede ayudar a identificar fácilmente esta práctica es el del movimiento #MeToo. Surgido en 2017 a raíz de las denuncias de actrices que habían sufrido acoso sexual por parte del productor de Hollywood Harvey Weinstein, derivó en una oleada global de testimonios de mujeres relatando casos de abuso sufridos en sus lugares de trabajo, pero también en su vida cotidiana. Aplicado exclusivamente al ámbito laboral, el “name and shame” tiene muchas variantes y ha servido para que los propios trabajadores denuncien casos de corrupción o pongan en evidencia empresas que no pagan, que discriminan por razón de género o raza, que llevan a cabo prácticas contaminantes, que ofrecen tratos de favor con ciertos proveedores o que simplemente no cumplen con sus propios valores corporativos.

¿Cómo funciona?

Experiencias internacionales

Si bien en España es un recurso todavía poco habitual, se utiliza mucho en países como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, incluso desde los propios Gobiernos. Por ejemplo, en abril de 2018, el Ejecutivo inglés no dudó en publicar los nombres de empresas con más de 250 empleados que no respetaban la igualdad salarial, una práctica que ha hecho mucho ruido y que hoy también utiliza el Gobierno francés, que desde 2018 no duda en apuntar a aquellas empresas que pagan tarde a sus proveedores, que discriminan en la contratación o incluso que no gestionan bien sus desechos.

También en Francia surgieron en 2020 diversas iniciativas que usaron la versión gala del #MeToo (#BalanceTonPorc) para acusar a empresas de múltiples sectores de prácticas ilegales o poco éticas. Así, bajo la etiqueta #BalanceTonAgency (denuncia a tu agencia), se denunciaron en las redes sociales abusos cometidos en las agencias de publicidad, con testimonios anónimos que hablaban de actos sexistas, racistas y otras actitudes degradantes contra empleados. Más allá de sacar a la luz un problema latente en el sector, una de las consecuencias de esa oleada fue la dimisión de Laurent Habib, fundador de la agencia Babel y presidente de la Association des Agences-Conseils en Communication. En este contexto también surgió la iniciativa #BalanceTonStage (denuncia tus prácticas), impulsada por tres estudiantes dispuestos a denunciar el sexismo que sufren los becarios en ciertas empresas, y más recientemente #BalanceTaStartup (denuncia tu startup).

Un “name and shame” patrio: #MalpasoPagaYa

En nuestro país, el caso del grupo editorial Malpaso lleva desde 2019 circulando por las redes sociales. La traductora Ana Flecha denunció a través de Twitter que la empresa le debía pagos por sus trabajos desde hacía dos años. Utilizó el hashtag #MalpasoPagaYa y el efecto fue inmediato: enseguida se sumaron otros traductores, escritores, periodistas y profesionales del sector editorial que explicaban situaciones similares. El serial ha continuado durante estos años, no exento de despropósitos y respuestas agresivas por parte de la editorial, como han recogido algunos medios o el perfil de Twitter MalPagayCía. Como respuesta, cada vez son más las librerías de todo el país que están renunciado a vender sus libros. Recientemente, en febrero de 2021, la periodista Laura Fernández anunciaba en Twitter haber cobrado, y con intereses, lo que se le debía. Una buena noticia que el resto de afectados acogen con optimismo, aunque sin esconder su escepticismo.

¿Qué riesgos conlleva esta práctica?

Si bien estos ejemplos pueden ser alentadores, los expertos nos recuerdan que esta no deja de ser una práctica peligrosa, que se puede volver en nuestra contra. “A veces son acciones impulsivas, que se hacen por impotencia o rabia, y quizás no estamos valorando sus consecuencias”, alerta Alejandro Turienzo, Profesor de Derecho penal de la Universidad de Barcelona, y miembro del equipo de coordinación del Posgrado de Compliance (estudios enfocados en que los alumnos aprendan cuestiones legales y normativas, riesgos y responsabilidades de una empresa). Y es que no es extraño que el trabajador que se atreve a romper el silencio vía tuit o publicación de Facebook después tenga que convivir con situaciones como:

• Miedo a perder el trabajo
• Acoso laboral
• Ser devaluado en su puesto de trabajo
• Clima de trabajo hostil
• Ser señalado por jefes y/o compañeros
• Ser etiquetado como trabajador problemático
• Mala reputación en el sector

Por eso, antes de incendiar las redes, debemos ser conscientes de que la responsabilidad legal de cualquier contenido que publiquemos será siempre nuestra. Sin olvidarnos, además, de que todo aquello que denunciamos, lo tenemos que poder demostrar con pruebas válidas y evidencias. “En principio, todos pensamos que tenemos libertad de expresión y nos basamos en esto, pero cuando la información que publicas no es veraz o implica insultos y descalificaciones hacia otras personas, esto puede derivar en sanciones justificadas e incluso en un despido disciplinario. Además, si haces estás publicaciones en horario de trabajo y a través de un ordenador de la empresa, entonces apaga y vámonos”, añade Iván Ciudad, profesor colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la UOC.

¿Se podría utilizar en España?

No es lo mismo verter críticas sobre la empresa con nuestros compañeros durante la hora del café que hacerlo en las redes sociales con la repercusión y el alcance que esa publicación pueda llegar a tener. Por eso, y para saber si nuestras acciones pueden ser sancionables, Ciudad recomienda consultar el Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo de cada sector y, especialmente, los códigos de conducta internos de la empresa, ya que pueden tener una política específica en materia de uso de redes sociales. En nuestro país, existen otras sentencias en este sentido, que nos pueden ayudar a discernir cuáles pueden ser las consecuencias legales de hacer uso del “name and shame”.

Para curarnos en salud, tanto Ciudad como Turienzo recomiendan que optemos por hacer nuestras denuncias a través de las vías legales o de otros canales anónimos puestos a disposición del trabajador. Por otro lado, todo este contexto podría cambiar a lo largo de 2021, ya que durante los próximos meses se aprobará una ley en España sobre los alertadores de conductas ilegales, por mandato de la Unión Europea, que se aplicará tanto en el sector público como en el privado. El whistleblower o alertador es ese trabajador que tiene conocimiento de un delito que ha cometido un compañero o la propia empresa y lo denuncia. Esta ley pretende ofrecerle protección y prohibir cualquier forma de represalia por parte de sus superiores.

Más allá de este nuevo marco legal, lo que no podemos perder de vista es que alimentar la bestia de las redes sociales puede acabar exponiéndonos de una manera no deseada y afectándonos a nivel personal, por lo que debería usarse como último recurso. Tal y como apuntan los expertos, antes de lanzarse al “name and shame”, quizás nos interese pensarlo dos veces y abrir otras vías de diálogo. Porque, tanto para el trabajador como para la empresa, el objetivo final es solucionar la situación y no convertirse en un meme o un hilo de Twitter que acabará perdido en el vasto universo de las redes sociales.

Foto de WTTJ

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